AZARIAS ALOMIA RIASCOS Y OTROS VS CVC Y OTROS
Radicado: 2008-00071
El 12 de abril de 2006, los habitantes de los caserios Bendiciones y otros aledaños fueron sorprendidos por una avalancha de lodo, tierra, agua, piedras y árboles, destruyendo sus viviendas, cultivos, criaderos de peces, centros turisticos, galpones. Además, se perdieron 35 vidas humanas y 2 desapariciones.
Con ocasión a lo sucedido, se declaró zona de riesgo. Por tanto, se derribaron viviendas que se encontraban en zona de alto riesgo con el objeto de recuperar las vías.
La Dirección Nacional de Prevención y Atención de Desastres realizó un Plan de Acción en donde se señaló que en la zona afectada llovió intensamenta por 11 horas, lluvia equivalente a 153 mm3/mta2, agua que según datos de la CVC cae en la ciudad de Manizales durante un año. Por tal motivo, se saturaron los terrenos ocasionando la avalancha, que a su vez con sus residuos estrangularon el cauce del río DAGUA, produciendo un represamiento el cual generó su desbordamiento arrasando aguas abajo con personas, viviendas, vehículos, entre otros.
En consideración de lo anterior, el Ministerio del Interior declaró la situación de calamidad pública y reconoció la Afectación en el Departamento del Valle del Cauca.
En el informe efectuado por la Dirección Nacional de Prevencioón y Atención de Desastres con el apoyo de la DAR Pacíficio Oeste se plantearon como causas, las siguientes dos hipotesis:
(i) Los estrechos cauces de las quebradas establecidas en la red hidráulica colapsaron ante el exceso de volúmenes de agua recibida en un periodo continuo, desbordando la capacidad de percolación de las aguas, sumandose a las altas pendientes y la poca permeabilidad del suelo.
(ii) La persistencia de las lluvias en la zona, la presencia de actividades antrópicas y los fenomenos de orden natural como la erosión, debilitaron la capa superficial de los suelos, arrastrando con ello el volumen de sedimientos que colapsaron los estrechos cauces de las quebradas provocando el arrastre de empalizadas de lodo y volumenes de suelño que constituyeron las avalanchas.
El 25 de septiembre de 2018, el Juzgado Administrativo de Buenaventura negó las pretensiones de la demanda, al considerar que se configuró una fuerza mayor como un eximente de responsabilidad, debido a fenómenos naturales.
El 20 de marzo de 2019, el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca revocó la sentencia de primera instancia y en su lugar declaró administrativa, civil, patrimonial y solidariamente responsables por falla del servicio de prevención del riesgo que derivó en la muerte de 35 personas y la desaparición de 2 personas, condenando a los demandados a pagar 45.475 SMMLV, es decir $37.650.293.940, a la fecha de ejecutoria de la sentencia de 2º instancia. A cada parte condenada le corresponde pagar la suma de $4.706.286.742,5.
